Retos sobre el cumplimiento de la ley Sapin II
La ley francesa anticorrupción y de protección de denuncias de irregularidades, Sapin II, alinea a Francia con la evolución de las normativas anticorrupción internacionales. La ley Sapin II, basada principalmente en la FCPA y la UK Bribery Act, define las regulaciones para prevenir y detectar los sobornos y la corrupción, a través de una mayor transparencia corporativa, una supervisión interna reforzada y una protección mejorada para la denuncia de irregularidades. Las normas más estrictas son aplicables a las empresas francesas más grandes, con más de 500 empleados y unos ingresos anuales de al menos 100 millones EUR, o empresas del mismo tamaño que formen parte de una sociedad matriz con sede central en Francia. Estas empresas deben implantar un programa de cumplimiento normativo completo, que incluya un código de conducta anticorrupción, un mecanismo de evaluación de riesgos, procedimientos para la diligencia debida de terceros, formación acerca del cumplimiento normativo para los ejecutivos, un sólido proceso en la línea de denuncia de irregularidades interna a fin de proteger la confidencialidad de los denunciantes, así como un sistema para medir la efectividad del programa.
Según establece la ley, tanto las empresas como los empleados están expuestos a sanciones que alcanzan 1 millón EUR para las empresas y 200.000 EUR para los ejecutivos que no ejecuten las medidas de prevención y detección, además de penas de prisión. Esta es la primera vez que la legislación francesa establece una ley antisoborno y anticorrupción completa a través de la creación de una agencia nacional anticorrupción establecida por la ley Sapin II, conocida como la Agence Française Anti-Corruption (AFA). Todas las empresas ubicadas en Francia o vinculadas a este país deben revisar sus programas de cumplimiento y garantizar que cumplan con las normas antisoborno y anticorrupción de la ley Sapin II.
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