Retos sobre el cumplimiento de la ley SOX
Algunas sociedades españolas que cotizan en bolsa y son filiales de sociedades que cotizan en la bolsa de valores de los EE. UU. deben cumplir con la ley Sarbanes-Oxley Act (SOX). Aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2002, la SOX está diseñada para proteger a los accionistas y al público general ante prácticas contables y comerciales fraudulentas. El proyecto de ley se aprobó después de una serie de notorios escándalos financieros corporativos y su cumplimiento tiene como objetivo imponer la gobernanza y la responsabilidad corporativa a través de controles y equilibrios internos de amplio alcance. La SOX demanda unos exhaustivos y costosos estándares de registro y prevé multas importantes en caso de incumplimiento.
La ley Sarbanes-Oxley exige que todas las sociedades en bolsa informen acerca de sus controles de contabilidad internos a la Comisión estadounidense de Bolsa y Valores (SEC), incluso solicitando que el director general y el director financiero confirmen personalmente la integridad y precisión de los registros. El incumplimiento de la ley SOX puede acarrear multas personales importantes para los altos ejecutivos e incluso penas de prisión. Para garantizar la transparencia, la ley Sarbanes Oxley fomenta los mecanismos de denuncia de irregularidades para promover la notificación de actividades ilícitas, que pueden no quedar expuestas de inmediato o a través de una auditoría SOX. Además, la ley confiere autoridad al Departamento de Justicia de los EE. UU. para acusar penalmente a los empleadores que tomen represalias contra las personas que denuncian las irregularidades, lo que sube el listón para que las organizaciones creen entornos con una tolerancia cero hacia las represalias.
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